El Ministerio de Fomento lanza otro salvavidas a las autopistas de peaje. Pese a admitir que la situación de algunas concesiones es “insostenible”, la ministra de Fomento, Ana Pastor,
anunció este lunes que ampliará de 2012 a 2021 la compensación por la
caída de tráfico —un sistema en el que el Estado adelanta dinero— y que
se suma a los 290 millones en créditos avalados por el Estado que
figuran en los Presupuestos de 2012. Fomento pretende “mantener a flote”
y “echar una mano” a las grandes constructoras que acuden a estos
concursos para que el sector “siga siendo una referencia” en Europa y en
el mundo. No solo eso, sino que anunció por sorpresa cuatro nuevas
concesiones de autopistas de peaje.
El 6 de octubre de 2003, José María Aznar inauguró los 63 kilómetros de la autopista de peaje
entre Madrid y Guadalajara, la Radial-2, paralela a la autovía. El
entonces presidente del Gobierno definió la obra como “una de las
infraestructuras más importantes de los últimos años”. Según publicó
este diario, Aznar proclamó: “Ya no somos el viejo país atrasado que se
queja, sino un país moderno y próspero”. Y añadió que las
infraestructuras debían abrirse “a nuevas fuentes de financiación de
iniciativa privada”, ya que el sistema de concesiones “no solo aporta
fondos, sino que imprime una gestión más eficaz”.
La R-2, como la R-3, la R-4 y la R-5, la Ocaña-La Roda, la que va al
Aeropuerto de Barajas o la Alicante-Cartagena-Vera, todas de esa época,
no han cubierto ni una de sus previsiones: sus costes se dispararon
sobre todo por las expropiaciones y tienen un 30% del tráfico previsto.
Hay nueve concesionarias (de constructoras y cajas de ahorro,
principalmente) al borde de la quiebra. Entre todas acumulan una deuda de 3.800 millones de la que no pueden pagar ni los intereses, según documentación que maneja Fomento.
En 2010, el PSOE anunció un préstamo participativo de 80 millones
para estas empresas. Ese préstamo se establece con aval del Estado sobre
futuros beneficios para que cubran los gastos no previstos en las
expropiaciones. En los Presupuestos de este año hay otros 290 millones
para esa partida. El otro mecanismo ya iniciado y que seguirá hasta 2021
es la compensación por la caída de tráfico. Con cargo a beneficios
futuros, el Estado adelanta dinero para sostener a las empresas.
Pastor, que inauguró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
de Santander un curso de la Asociación de Concesionarias de Autopistas
(Aseta), explicó que estas dos medidas son soluciones para que este
sector se pueda “mantener a flote” y “siga siendo una referencia” en
Europa y en el mundo. Pastor añadió que su intención es que “no se siga
dañando” la imagen internacional de las empresas españolas. Pero
puntualizó que son medidas “provisionales”. Más allá de eso, el
ministerio trabajará para reformar la ley de expropiaciones forzosas y
lograr un “reparto equilibrado” de los riesgos en las concesiones “entre
concedentes y concesionarios”. Su objetivo final es que la “gran bola
de nieve” creada “desaparezca”.
Pastor admitió que hay autopistas de peaje en una situación
“insostenible” y lo atribuyó al descenso del tráfico y al “sobrecoste”
de las expropiaciones, que en muchos casos se ha disparado hasta un
175%. La ministra apuntó que el Gobierno tiene pendiente el pago de 600
millones por expropiaciones, pero que se computaron en el déficit de
2011. Como ejemplo, en la R-2 la partida para expropiaciones estaba
prevista en 40 millones pero ascendió a 430.
Pastor reveló que su departamento está trabajando en la concesión de
cuatro nuevas vías de alta capacidad para “tan pronto como las
circunstancias lo permitan”. Un directivo de una concesionaria señaló la
sorpresa con la que fue recibido el anuncio en Santander, y resaltó la
dificultad de que acudan empresas tras esta experiencia.
El sector plantea que se cobre por el uso de las autovías, lo que les
daría una ventaja. La Comisión Europea, en su informe sobre España, ya
apunta en esa línea: “Los usuarios del transporte deberán soportar una
parte más proporcionada de los costes globales mediante una aplicación
más generalizada del principio del usuario-pagador”.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento, Rafael Simancas,
dudó de la viabilidad de las nuevas concesiones anunciadas por Pastor,
pero apoyó el rescate: “Una quiebra importante de concesiones de
autopistas de peaje afectaría al crédito del sector concesional español,
que en estos momentos acude a concursos en todo el mundo”. Para
Simancas, la prórroga de los créditos, “es una solución de emergencia
que se está dilatando en el tiempo” y reclamó a Pastor que “acometa
decisiones definitivas”: “No sabemos si el Gobierno está en ello o no
porque no nos cuenta nada”. Simancas dio por hecho que alguna de estas
empresas quebrará (la Madrid-Toledo ya entró en concurso de acreedores):
“En el resto, a corto plazo los préstamos participativos y las juntas
de compensación pueden servir. A largo plazo hay que ir a una
restructuración para que las que tienen mejores perspectivas compensen a
las peores”.
El País 26/06/2012
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